Libro: Universidad y Ciencia en España


Título: Universidad y Ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución.

Autora: Clara Eugenia Nuñez

Editorial: Gadir

Clara Eugenia Nuñez fue, entre otras cosas, Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid hasta su cese en 2009. Muchos podríamos pensar en ponerla en cuarentena cuando nos enteramos de que fue nombrada por la mismísima Esperanza Aguirre pero tras ver algunas reseñas del contenido en varios medios, decidí no solo leerlo, sino además pagar por el envase de papel. Y debo decir que ha sido una de las mejores compras que he hecho.

Clara, al margen de todos esos títulos y dignidades que posee (y que podrían facilitar falacias de autoridad en muchos ambientes), es una persona que no solo no ha militado en el partido favorito del Gran Wyoming, sino que además consigue con este libro hacer amigos entre distintas organizaciones y signos políticos a base de dar cera párrafo a párrafo: no se salvan ni el PP, ni el PSOE, ni los rectores, sindicatos, estudiantes o universidades.

A lo largo de las páginas, el libro sostiene opiniones similares a las mías en cuanto a que el problema principal de este país no es una o varias “malas” personas (que las hay y muy malas) o la falta de talento (que tenemos a patadas), sino un problema sistémico que en este caso queda retratado a nivel político, cultural y científico por la experiencia de la ex directora de la DGUI.

Si en la primera parte del libro encontramos un contexto histórico para situarnos en el estado de la investigación y la ciencia española, en la segunda parte se nos va desgranando cronológicamente lo que podría ser una temporada de House of Cards por derecho propio, donde podremos alcanzar con su lectura niveles de estupefacción ante una realidad contada por su protagonista y que dependiendo de nuestra integridad moral, puede llegar a revolver el estómago. Yo por mi parte nunca olvidaré el nombre de Lucía Figar.

A continuación transcribo alguas citas que podrían animar a la gente a leer este libro:

La Revolución Científica del siglo XVII y la Ilustración del siglo XVIII tuvieron lugar al margen de las universidades porque quienes las hicieron posibles no encontraron en los claustros el ambiente adecuado, de estímulo y respeto, que les atrajera a ellos y se organizaron y comunicaron a través de otras instituciones, las Sociedades Científicas, entre ellas.

El problema de la universidad no era en 2003, ni es ahora, diez años más tarde, uno que se resuelva con un aumento del gasto público. El problema es institucional. Frente a los representantes de la derecha y de la izquierda, unidos por un mismo enfoque del problema de la universidad basado en el clientelismo y en la defensa de los interese de los profesores universitarios, y cumpliendo con mi papel de nota discordante en el debate televisivo, reiteré una y otra vez que ¡cielos!, no se les ocurriera incrementar los fondos públicos sin antes corregir los problemas internos de la universidad, cambiar el sistema de gobiernos, implantar mecanismos de control de los resultados, incentivos a los comportamientos adecuados y a la responsabilidad de todos sus miembros, etcétera. Aumento del gasto sí, pero precedido de cambios estructurales que doten a la enseñanza universitaria de un marco institucional adecuado.

Con el actual sistema universitario, para un rector lo importante de un profesor no son sus méritos científicos, los que definen a una universidad e importan a la sociedad, sino su capacidad para allegar votos en las próximas elecciones. Lo mismo ocurre con cualquier cargo electo dentro de la universidad. La promoción interna, así como el crecimiento o el estancamiento de departamentos y equipos de investigación, dejó de estar dictada por criterios académicos, de excelencia o de necesidad. Los intereses de los cargos electos universitarios prevalecieron sobre los de la universidad como institución al servicio de la sociedad. La movilidad interuniversitaria desapareció y fue sustituida por la aparición de una fuerte endogamia.

Si un rector decide contratar a un profesor, se le contrata. Si no tiene interés, justificará su negativa en que falta algún trámite administrativo, como la aprobación del Departamento o de la Facultad, en cumplimiento del viejo adagio: “Al amigo, el favor; al enemigo, la ley”.

Las reuniones de los rectores con la presidenta de la Comunidad de Madrid se habían reducido a un mínimo muy saludable […] Era acostumbrado que en todas ellas pidieran mi cese, petición que en ocasiones hicieron extensiva al consejero y a la vice-consejera.

Los rectores querían imponer a la Comunidad los criterios y cuantías a recibir [de financiación], algo que la Comunidad no estuvo dispuesta a aceptar. Nuestro objetivo era institucionalizar las relaciones entre ambas administraciones a través de un instrumento –la asignación de fondos públicos- que permitiera hacer una verdadera política universitaria basada en el respeto de las competencias y responsabilidades que correspondieran a cada una. Ese diseño debía ser conjunto para que tuviera éxito.

Hoy no hay un proyecto educativo o científico nacional sino 17 proyectos regionales, algunos con aspiraciones nacionalistas, amparados todos ellos por los sucesivos gobiernos centrales. El supuesto derecho de los territorios –las comunidades autónomas- a contar con universidades propias, instalaciones científicas singulares, institutos de investigación del CSIC o de nueva planta, centros de excelencia, parques científicos y tecnológicos, y un largo etcétera, ha amparado una política científica basada en una fuerte dispersión geográfica de la inversión estatal en I+D. De hecho, esta política se inició con la creación de la Universidad de Castilla-La-Mancha […] y continúa con la política de los Campus de Excelencia de la que no ha quedado fuera ninguna Comunidad Autónoma, pese a su denominación y pretendidos objetivos.

[Miembros del departamento de Economía de la Carlos III] me pidieron, una y otra vez, que no pusiera en marcha IMDEA Ciencias sociales […] sino que les diera directamente los fondos a ellos “para subir los sueldos”. Yo estaba de acuerdo en que se subieran los sueldos y creo haber dicho ya antes que los buenos académicos no están bien retribuidos en la universidad española. Pero no era la Comunidad a quien correspondía hacerlo sino a su universidad. Los rectores, que tenían capacidad para ello, no lo hacían porque se oponían los sindicatos –de quienes ellos dependían para mantenerse en su sillón y que, por supuesto, son partidarios de la, a mi juicio injusta, igualdad salarial.

En España han sido relativamente comunes los centros unipersonales, creados en torno a una figura indiscutible, a menudo ya superado su período fértil como investigador, y que, tras muchos años en el extranjero, quiere volver a España. Estos centros suelen tener un gran impacto mediático, proporcional a la fama del epónimo, por lo que resultan muy atractivos para los políticos.

IMDEA Ciencias Sociales demostraba que el nuevo marco institucional funcionaba. El problema de la ciencia en España no era –como tan a menudo reclama la comunidad científica- de recursos (el Instituto era un modelo de frugalidad), sino de voluntad política y académica de apoyar sin reservas la excelencia institucional e individual; de guiarse por una estricta separación de poderes y responsabilidades; y de mantener un estricto seguimiento de resultados.

La verdadera amenaza, de la que los rectores eran plenamente conscientes, pero que nunca admitirían en público, era que IMDEA podría poner de manifiesto el fracaso de la universidad española de la que ellos eran representantes, y quién sabe si podría cuestionar, de paso, su labor como rectores. Ninguna universidad española se encuentra entre las 200 primera del mundo […] sin duda y en parte, esto se debe al marco institucional que las regula, pero cuya reforma los rectore nunca habían pedido.

En IMDEA Ciencias Sociales nunca hubo secretarias: “¿Y les dictamos las cartas? Para eso las escribimos nosotros directamente”, comentaba el director. Pero ese modus operandi no era universalmente compartido.

[Acerca de Lucía Figar y su gestión como Consejera de Cultura de la Comunidad] Ella misma se convirtió en jefa de prensa de la Consejería, hasta el punto de que los temas y las decisiones se empezaron a tomar en función de lo que hubiera aparecido en los medios en esos días. En cierta ocasión, un diario protestó un par de veces por la falta de cocinero en un centro infantil, lo que originó el envío de uno inmediatamente, en contra de lo mantenido durante meses por la directora general del área, que seguía instrucciones de la propia consejera. La directora no pudo evitar comentar amargamente: “Si tiene que salir en tal diario para que se tome una decisión, mañana empiezo a tramitar mis temas por esa vía”.

Era evidente que, entre los asesores que rodeaban a Figar, mi opinión no contaba mucho. En más de una ocasión, tras uno de los frecuentes enfrentamientos dialécticos con Figar a los que me llevaba la defensa de la política institucional de la Dirección General frente a la política de los amigos políticos que ganaba en favor de la Consejería, esta me espetó con cierta sorpresa no exenta de frustración ante mi firmeza un “Y tú ¿por qué haces esto?”. Mi respuesta era invariable y me parecía obvia: “Por los hijos de todos los madrileños, incluidos los tuyos, que se merecen una buen sistema de enseñanza que garantice su futuro”. ¡Qué otra razón había! Su secretario general me recordó varias veces que yo “no estaba allí para tener ideas sino para ejecutar órdenes”, algo que no se correspondía en absoluto con la responsabilidad que había asumido y que me hacía permanecer en el cargo, como le hice saber una y otra vez.

[Acerca de una propuesta para mejorar la educación bilingüe] El proyecto fue rechazado con un escueto e incomprensible comentario: “No te has reunido lo suficiente”.

[En España] la quiebra de una empresa [en el sentido de proyecto] cualquiera se considera un fracaso sin paliativos que estigmatiza a quien la insta. Yo era consciente de que no todos los investigadores que estaban participando en la gestación de IMDEA compartían mi idea del trial and error, de reconocer y admitir tanto los éxitos como los fracasos en el largo y difícil proceso de dotar a Madrid de un entorno institucional adecuado para la ciencia.

[Tras la irresponsable actividad de Lucía Figar y algunas maniobras realmente sucias] Los directores entendieron que la supervivencia de los institutos no iba a depender de su capacidad de consolidarse como centros de referencia internacional, sino del favor político y personal que cada uno de ellos obtuviera de la consejera de Educación. […]

Como era de temer, no hubo unidad entre los directores y se abrió un amplio abanico de posturas. Los directores cuyo instituto hubiera salido peor parado de una evaluación se pusieron inmediatamente en manos de la Consejería, es decir, a las órdenes de Jorge Sainz. Este enfoque rindió frutos inmediatos: los fondos les fueron pagados con puntualidad, y en algunos casos, incluso aumentaron.

La incapacidad de la mayoría de los políticos y de una parte considerable de los científicos para entender la importancia de un marco jurídico adecuado y estable ha dado lugar a la configuración y supervivencia de instituciones socialmente irresponsables, es decir, incapaces de cumplir sus objetivos. En estos últimos meses se han oído muchas voces clamando en contra de los recortes presupuestarios para la investigación en los presupuestos de 2013. Pero apenas algunas voces aisladas, con escaso eco mediático y social, reclaman de nuestros políticos un marco jurídico que nos permita realmente ser competitivos y eficaces.

Los académicos somos tan responsables como la clase política de la situación de atraso que la universidad y la ciencia tienen en nuestro país, pero es a nosotros a quienes corresponde denunciar la situación actual y pedir los cambios necesarios.

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